Hoy 5 de septiembre en la CDMX tras una batalla campal en el Congreso de la República, la Suprema Corte de Justicia de México decidirá hoy el futuro de la ley de prisión preventiva oficiosa que defiende el Gobierno.
La propuesta es anular la aplicación de la parte del artículo 19 de la Constitución que permite imponer ese tipo de prisión en una veintena de delitos, que van desde el abuso sexual a menores hasta el atentado contra la seguridad de la nación.
En ese caso quedarían inválidas fracciones del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como del 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que autorizan esa medida precautoria.
Aún en el caso de que ese sea el sentido del acuerdo de la corte, los efectos del fallo no serán generales ni inmediatos.
La procedencia de la prisión preventiva oficiosa corresponderá a los operadores jurídicos competentes decidir y resolver en cada caso concreto, sujeto a su conocimiento, señaló el proyecto de Aguilar.
El asunto desató diversas reacciones y mientras colegios de abogados y organizaciones de la sociedad civil están a favor de desaparecer la prisión preventiva oficiosa, funcionarios y activistas contra el crimen organizado están por mantenerla.
Especialistas en Derechos Humanos afirman que eliminar la prisión preventiva oficiosa no es impunidad: La medida envía a las personas a la cárcel pese a que no hay certeza de culpabilidad y contradice el principio de presunción de inocencia.
Cualquier decisión que tome el máximo tribunal, sea a favor o en contra de la ley, se requerirá el voto de al menos ocho magistrados para declarar inconstitucional esa medida cautelar.
En caso de que la Corte adopte esa decisión contraria al criterio del Ejecutivo, sus efectos no implicarán la liberación inmediata de quienes estén sujetos a esa modalidad de privación de la libertad, según el proyecto del ministro Luis María Aguilar.
