El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) reanudó las tareas de organización del proceso de revocación de mandato e instruyó a sus áreas a proponer nuevas adecuaciones presupuestales para, de ser el caso, gestionar ante Hacienda recursos adicionales.
Pero el consejero presidente el INE, Lorenzo Córdova, alertó que aún siguen indagatorias abiertas en uso antidemocrático de derecho penal, pues –dijo– se criminaliza la diferencia y el ejercicio de las funciones.
De acuerdo con el funcionario, el proceso de la organización de la revocación de mandato presidencial seguirá, pero «a lo imposible nadie está obligado” por lo que ante cualquier escenario debe quedar constancia de que se hará todo lo posible para realizar el proceso tal como establece la ley.
Por eso se realizará un nuevo ajuste presupuestal en el INE y, de ser necesario, se recurrirá a la Secretaría de Hacienda, como ordenó el Tribunal.“Iremos a la SHCP. Ahora no va a poder contestarnos como otras ocasiones: ´el gobierno federal tiene otras prioridades, hazle como puedas´. Y si luego no hay recursos, se hará con lo que se tenga. Y si hay menos casillas pues habrá menos casillas. Se va a hacer lo que se pueda hacer'», abundó el consejero presidente.
“Si tuviéramos que llegar al extremo, ojalá y no ocurra, de no poder cumplir los parámetros de la ley, que quede constancia de que el INE hizo todo lo que pudo hacer política, jurídica y presupuestalmente para cumplir con la ley, y si no, bueno, a lo imposible nadie está obligado”.
En sesión extraordinaria el INE acató por unanimidad la sentencia emitida la víspera por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le ordenó otro ajuste a su gasto y, de ser necesario, solicitar una ampliación presupuestal, y los acuerdos del 10 y 22 de diciembre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que se reactivara la organización del proceso revocatorio.
En la discusión, de casi 4 horas, los partidos de oposición respaldaron a los consejeros frente a la denuncia penal que el diputado de Morena y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso contra seis consejeros y el secretario ejecutivo, recurso que decidió no ratificar ante la Fiscalía General de la República (FGR)Córdova aseveró que, aunque el legislador reculó, es insuficiente pues siguen indagatorias contra funcionarios electorales.
”Eso no basta porque los delitos contra servidores públicos se persiguen de oficio. Y hoy hay carpetas abiertas y se están haciendo indagatorias. Entonces ojalá esta congruencia con el estado de derecho (desistirse de insistir en la demanda) también abarque a las autoridades ministeriales. (…) Hoy todavía hay carpetas que criminalizan la diferencia y el ejercicio de las funciones de algunos funcionarios públicos”, sostuvo.