- Se propone aumentar hasta 25 años la pena de prisión por este ilícito
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó iniciativa de reforma al Código Penal para fortalecer las acciones de combate a la extorsión y agravar, con hasta 25 años de prisión, las sanciones por este delito en Michoacán.
Acompañado del titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), Marco Antonio Vargas y de los presidentes del Poder Judicial y Legislativo local, Jorge Reséndiz y Julieta García, respectivamente, el mandatario destacó que se propone perseguir por oficio la extorsión y castigar el delito desde la simple amenaza.
“La extorsión atenta contra la seguridad de las personas e impide el desarrollo productivo de todos los sectores afectando a la sociedad en general, porque además es uno de los delitos con mayor impunidad, por eso, se quieren tener elementos para administrar mejor la justicia y si lo hacemos bien, esta será la primera piedra para alcanzar una Ley General Antiextorsión en México”, comentó.
El gobernador añadió que, en unidad y coordinación entre las instituciones, poderes públicos y órganos autónomos, se darán buenos resultados para preservar la seguridad y paz que demanda la población.
Lo anterior tras explicarse que la iniciativa de reforma contempla la protección a las víctimas garantizando la seguridad personal, la libre determinación, integridad y desarrollo de los sectores productivos.
Plantea castigar el uso de medios electrónicos con fines de extorsión, agravar las sanciones para servidores públicos que faciliten celulares y teléfonos a internos de penales, el cobro de cuotas por “derecho de piso” y libre desarrollo de actividad productiva, compartir imágenes sexuales como medio de amenaza, asociación delictuosa, intervención de personas armadas o simulen estarlo, entre otras.
Marco Antonio Vargas, titular de la Conase, destacó que esta iniciativa es un ejemplo nacional que refuerza la normatividad estatal para dar certeza de las acciones contra la extorsión y aseguró que se apoyará con capacitación a servidores públicos y equipo tecnológico las actividades de combate a la extorsión.
“Hace falta un marco legal efectivo y con el Gobierno de Michoacán se ha logrado fusionar el esfuerzo entre instituciones y órganos autónomos para que a través de mecanismos de inteligencia y de operación, se reduzca la incidencia delictiva”, indicó.
La diputada local, Julieta García Zepeda, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, reconoció el trabajo conjunto con el Ejecutivo y se comprometió en dar seguimiento a la propuesta que será revisada en el Legislativo para su aprobación.
El presidente del Poder Judicial del estado, Jorge Reséndiz García, comentó que la judicatura estará atenta del proceso que lleve el Legislativo al señalar que los órganos jurisdiccionales estarán listos para aplicar la normatividad correspondiente.
En la presentación también participaron el fiscal general del estado, Adrián López Solís; Odilón Orozco, titular del Centro Nacional de Inteligencia, representantes de la 14 Zona Naval, de la 21 Zona Militar, presidentes municipales, funcionarios federales, estatales, jueces, magistrados, diputados, entre otros.
El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, señaló que lamentablemente este flagelo se ha vuelto más común con el paso de los años, y peor aún, por miedo a poner en peligro su integridad, las víctimas evitan interponer una denuncia y se quedan callados.
Esta iniciativa cumple además un papel de actualización, pues hace ya varios años que la ley no sufre de ningún ajuste en materia de este delito.
En este sentido, actualmente la pena establecida para quienes extorsionan va desde los 4 hasta los 12 años de prisión y de 100 a 500 días de multa, lo cual tiene que cambiar, porque el delito en sí mismo ha evolucionado; hoy día las extorsiones ya no consisten únicamente en llamadas telefónicas, sino que se realizan de otras formas, como cobros de piso, amenazas bajo supuesta protección, entre otras.
Ahora bien, la propuesta sugiere aumentar la pena a entre 15 y 25 años de prisión, así como trasladar el capítulo de extorsión de «Delitos contra el Patrimonio» hacia «Delitos contra la paz de las personas». Así mismo, se busca que se persiga de oficio.
El consejero Jurídico Adán Augusto, reveló que Michoacán se posiciona en el lugar 27 en casos de extorsión, lo cual está por debajo de la media nacional. Sin embargo, se estima que el 97.4% de los casos de extorsión que se presentaron en la entidad no tuvieron seguimiento a través de una carpeta de investigación debido a que nunca se presentó la denuncia correspondiente, por lo que se les cataloga como “cifra negra”.
En la propuesta también se han incluido una serie de agravantes, entre las que figuran los casos, cuando se realice la extorsión por personas privadas de la libertad, cuando los servidores públicos faciliten los medios para la comisión de este delito y así también cuando el medio para obtener el lucro sea la coacción o amenazar con publicar o difundir fotos o videos de carácter erótico o sexual en los que aparezca la víctima, o cuando participen dos o más personas en el hecho, entre otras cuestiones.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla resaltó las acciones que se han llevado a cabo con el fin de asumir en sus manos el tema de la seguridad, como la creación de la Guardia Civil, la coordinación con todos los niveles de seguridad, los cambios en la tipificación del delito de feminicidio, entre otras cosas.
Una vez presentada, esta iniciativa de ley deberá someterse al Congreso del Estado, donde se determinará si es aprobada o rechazada.
