Este martes se instaló en la ciudad el Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado en Michoacán y es que se estima que en la frontera de Tijuana, Baja California, hay más de 12 mil personas desplazadas desde el 2016.
Al respecto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que se emitió un decreto para crear el comité, porque no se tenía una herramienta legal en el gobierno del estado, por lo que se basaron en las distintas guías y protocolos de la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas para su creación y atender este tema, así como para que las personas puedan tener un retorno seguro y voluntario al estado.
Bedolla señaló que el desplazamiento forzoso de personas es una «crisis silenciosa», en la que las víctimas sufren de violencia, pobreza, marginación y el silenciamiento de las instituciones, además de que esta problemática es el «punto ciego» que nadie quiere ver.
Mencionó, este fenómeno se da en familias enteras junto con niños que han tenido que huir de sus comunidades y localidades, por lo que es una crisis que se debe atender con prontitud, eficacia y sentido humanitario.
Además, expuso que el 70 por ciento de los desplazados en Michoacán son mujeres, jefas de familia en condiciones con dos o tres hijos, por eso en los albergues tienen que estar de tiempo completo para evitar agresiones a los niños.
En su intervención, la titular de la Secretaría del Migrante, Brenda Fraga Gutiérrez, explicó que ante la realidad de que el desplazamiento forzado tiene que ver con la violencia, crimen organizado y pobreza, el comité interinstitucional tiene como objetivo garantizar acciones permanentes, efectivas y de no repetición.
Abundó que anteriormente el desplazamiento forzado era en su mayoría de hombres, pero recientemente tiene relación de familias y sobre todo mujeres, por lo que se requiere una intervención de cada una de las instituciones para crear acciones inmediatas y efectivas.
La funcionaria estatal indicó que de las 12 mil personas que se estima que están en Tijuana, algunas ya retornaron al Michoacán o se movieron a otra ciudad fronteriza, por lo que cambian los datos sobre el desplazamiento forzado.
Ante esta situación, adelantó que con este comité se trabaja en una base de datos, para después ofrecer medidas emergentes y ayuda humanitaria, así como la firma de un convenio intergubernamental entre Baja California y Michoacán, para después generar acciones permanentes para cada caso y la integración a la sociedad de las familias que se encuentran en situaciones más complejas.