La Fiscalía General de la República tiene la declaración de un testigo protegido que en mayo de este año declaró, que los integrantes de Guerreros Unidos, el Ejército Mexicano, de la Policía Federal, policías estatales y municipales participaron en la desaparición y recibieron la orden de matar a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la declaración actualizada señaló que el líder criminal Jesús Pérez Lagunas, conocido como «El Güero Mugres», fue el que dio la orden a todos los grupos que participaron en el crimen de Estado. Con esta declaración se actualizó la información del caso, ya que las autoridades nunca relacionaron a este personaje con la desaparición de los 43 y fue ejecutado en 2018.
Su primera declaración fue en febrero del 2020 y en la declaración más reciente agregó detalles e información que el año pasado omitió. En este testimonio señalo que los estudiantes murieron en diversos enfrentamientos entre los grupos de seguridad del Estado y Guerreros Unidos contra el Cártel de la Sierra, liderado por Onésimo Martínez.
El testigo dijo que llegaron seis camionetas del grupo contrario, después de que los normalistas fueron detenidos en Iguala los cuales resolvieron que los estudiantes pertenecían al grupo contrario y esto provoco que todos fueron atacados.
Asimismo, indicó que los integrantes de Guerreros Unidos se encargaron de disolverlos, cremarlos y esparcir sus restos en distintos puntos del municipio, incluida la zona de Cocula.
Cuando el abogado de las familias de las víctimas le preguntó si hubo sobrevivientes y él respondió que no.
El testigo elaboró una lista de los funcionarios que se encontraban en la nómina de Guerreros Unidos en 2014 y que le entregaban cuentas al «Güero Mugres». Entre ellos se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Octavio Pérez; el exprocurador general de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera; el capitán del Ejército, José Martínez Crespo.
Además, estaban todos los comandantes de la Policía Federal Ministerial y los ministerios federales y del fuero común públicos adscritos a la ciudad de Iguala; así como el capitán Dorantes, quien se ubicaba en la base de Iguala de la Policía Federal. En su declaración anterior, Juan aseguró que el último no recibía sobornos.
En el nuevo relato no mencionó a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México; sin embargo, en su declaración del 2020 afirmó que el funcionario recibió pagos del grupo criminal en 2015, cuando se desempeñaba como coordinador regional de la Policía Federal en Guerrero. Señalamientos que el servidor negó.
Juan detalló que Nicolás Nájera Salgado, integrante de Guerreros Unidos, trasladó los cuerpos de las víctimas a una casa en la colonia Granjeles y los hermanos Palacios Benítez, jefes de los Tilos, usaron un inmueble ubicado atrás de la Plaza Galerías de Iguala.
En este sentido, agregó que se utilizó un crematorio en la salida de Iguala hacia Chilpancingo para cremar los cuerpos; aunque desconoce a cuántas personas llevaron porque el dueño controlaba otros crematorios.
El testigo sostuvo que como el caso se volvió mediático durante la madrugada, no pudieron calcinar, ni disolver todos los cuerpos y algunos restos los esparcieron en diferentes zonas aledañas a Iguala. Entre los que se encontraba un poblado que se llama Coacoyula y una mina abandonada en el municipio de Taxco.
Al principio, los integrantes del crimen organizado y el fiscal del estado pensaron en hacer fosas en Cerro Grande para que las familias se conformaran, pero como el crimen se volvió mediático regresaron y recolectaron los restos que pudieron. Posteriormente, los dejaron cerca del basurero de Cocula.
El comandante de la policía ministerial del estado, Wenceslao Elizalde, les ayudó a transportar los restos por filtros en los que había autoridades ajenas a Iguala para tirarlos.